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Propuestas de ACADE para el V Plan Director de la Cooperación Española

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ACADE (Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo) formula al Gobierno, a las fuerzas políticas parlamentarias y a la sociedad las siguientes propuestas en relación con el futuro Plan Director:

La Cooperación Española se encuentra en una situación de debilidad extrema, consecuencia de más de ocho años de sucesivos recortes presupuestarios, que le han conducido a una pérdida de presencia internacional, al adelgazamiento o extinción de alguna de sus acciones más significativas,al vaciamiento de recursos humanos en puestos clave de la estructura operativa y a una fragilidad notable del sistema en su conjunto, que ha conducido al desánimo a una parte de los gestores y actores implicados.

En estas condiciones, la elaboración del Vº Plan Director de la Cooperación Española constituye una oportunidad única para producir un cambio sustancial en la situación. No cabe espacio para la rutina ni para retoques menores a través de un Plan Director de transición: lo que se requiere es una respuesta audaz y comprometida, que afronte las reformas que el sistema requiere y revierta el proceso de estos últimos años, para poner a España en condiciones de cumplir con los compromisos que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en Naciones Unidas.

Tras la elaboración de un Manifiesto para las fuerzas políticas en defensa de la política de cooperación, en otoño de 2016, secundado por más de 200 firmas de profesionales de la cooperación y la realización de unos talleres en mayo de 2017 sobre el Plan Director, ACADE quiere formular al Gobierno, a las fuerzas políticas parlamentarias y a la sociedad las siguientes propuestas en relación con el futuro Plan Director:

1.- El Plan Director debe estar acompañado de un firme y expreso compromiso en materia presupuestaria que suponga un proceso pautado de expansión de los recursos asignados a la ayuda internacional. No cabe contemplar de modo silencioso el retroceso que se ha producido en la posición relativa de nuestro país entre los donantes de la OCDE, con caídas de la ayuda que superan las de países (como Portugal o Irlanda) que han padecido más severamente la crisis. El proceso de expansión de los recursos que se demanda debiera situar la AOD en el 0,40% del PNB al final de la presente legislatura. Ese crecimiento de la ayuda debe ir acompañado de una rápida recuperación de los recursos asignados a la ayuda humanitaria, dada la severidad de las crisis asociadas a hambrunas y conflictos que sacuden al escenario internacional.

2.- De forma paralela a la elaboración del Plan Director, el gobierno debe proceder a las reforma sin stitucionales y legislativas necesarias para garantizar que se está en condiciones de hacer una gestión eficiente de los recursos. Es necesario reformar la arquitectura del sistema, hoy caracterizada por una elevada dispersión y una limitada coordinación de las instituciones responsables. Y es requerido también modificar los marcos administrativos y legislativos que condicionan la ejecución de la ayuda, que impiden que España pueda actuar con instrumentos que otros donantes tienen, como la ayuda programática, la cooperación financiera, la asistencia técnica ágil, las asociaciones estratégicas con la sociedad civil y la academia o la alianza con actores internacionales, no solo públicos.

3.- Ese proceso debe acompañarse de otro paralelo de ampliación de las capacidades técnicas e institucionales del sistema. Esto supone poder captar y dar empleo en condiciones adecuadas al personal experto que se requiere, poner en marcha una política activa de recursos humanos que permita que los trabajadores en este ámbito puedan tener una trayectoria profesional previsible y promover un cambio organizacional que afecte a la estructura, a los procedimientos y a la cultura de trabajo de las instituciones implicadas. También supone articular una política de formación y gestión del conocimiento adaptada a los nuevos retos del contexto e integrada en la cultura organizativa de las instituciones líder de la cooperación española.

4.- Dada la pertenencia a la UE, España debe estar en condiciones de practicar la cooperación delegada, haciéndose cargo de la gestión o coordinación de acciones compartidas entre socios europeos. Ahora bien, esa implicación no debe eximir a la cooperación española de definir sus propias políticas y acciones, contando con los recursos y capacidades para hacerlas realidad. Adicionalmente, es importante que España se distancie de las tendencias que se observan en la UE hacia la securitización de ámbitos sensibles de la cooperación para el desarrollo, como pueda ser el caso de las migraciones. Las actividades que se hagan en este y otros campos deben estar presididas por los objetivos y normas propias de la acción de desarrollo y orientadas a brindar oportunidades de vida digna a las personas, especialmente las más vulnerables, para que el principio de coherencia de políticas no sea un lema vacío.

5.- El Plan Director que se requiere debe distanciarse de las orientaciones de planes precedentes y,en lugar de hacer una selección cerrada de prioridades sectoriales, debiera centrar la atención en la formulación de unos propósitos estratégicos claros y en la definición de los métodos de trabajo y de los recursos instrumentales para asentar la implicación y las alianzas entre múltiples actores diversos de la sociedad española.

6.- Aunque España debe cumplir los compromisos internacionales que le obligan a destinar una parte de la ayuda internacional a los países con mayores dificultades (países menos desarrollados o con Estados frágiles), debe también mantener su especial relación, sostenida en el tiempo, con los países de renta media. También estos países requieren del apoyo internacional para superar los déficits estructurales que padecen y para sumarse de forma activa a la implementación de la Agenda 2030. No basta con reconocer que se debe mantener la cooperación con este tipo de países, en especial los más vulnerables, sino también entender que el tipo de cooperación que se requiere es distinto a la practicada con los países más pobres.

7.- La Agenda 2030 no sólo convoca a los poderes públicos sino a todos los actores sociales a un esfuerzo conjunto para hacer realidad los ODS. Por su ambición y universalidad, esos objetivos no se conseguirán si no se logra implicar en la tarea a actores diversos, que sumen capacidades, recursos y experiencias propias. Los actores de la cooperación, y muy particularmente los actores públicos (ministerios de la AGE, comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades), deben orientar su esfuerzo a facilitar esos vínculos de trabajo en común, reconociendo la diversidad de intereses y miradas que les caracteriza.

8.- El Plan Director debe entender y afirmar el papel clave que la sociedad civil tiene en España y Europa para impulsar las políticas, las alianzas y el apoyo social que requiere la Agenda 2030 y velar por su efectivo cumplimiento; y en los países en desarrollo, como agente activo en la defensa de los derechos humanos, la articulación de la voz de los sectores sociales excluidos, como mecanismo de presión y de exigencia de rendición de cuentas a los poderes públicos y como proveedor de servicios complementarios a las comunidades, allí donde el Estado no llegue.

9.- En suma, ACADE apoya que se defina un Plan Director comprometido, con voluntad seria de revertir la situación de extrema debilidad en la que se encuentra la cooperación española y con vocación de ilusionar e implicar activamente al conjunto de los actores sociales.

 

Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE)

Madrid, junio de 2017

Decálogo para avanzar en la AGENDA 2030‏

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Queridas amigas, queridos amigos,

Las próximas elecciones generales representan una oportunidad para que los partidos políticos expresen su posición respecto a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y adelanten los compromisos que están dispuestos a asumir para hacerla realidad. Desde la Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE)  proponemos un decálogo de actuaciones que consideramos necesarias para que España pueda estar a la altura de lo comprometido.

Te pido que, si estás de acuerdo con estas propuestas que detallamos más abajo, las respaldes con tu adhesión en http://goo.gl/forms/Po6RILtwnT y, también, nos ayudes a difundir la iniciativa para que otras personas interesadas se puedan sumar.

Estaremos recogiendo firmas hasta el día 30 de noviembre para después proceder a difundir esta iniciativa, con todas las firmas que hayamos logrado, en medios de comunicación, hacerla llegar a los partidos políticos y trasladarla al futuro gobierno que salga de las urnas.

Muchas gracias,


COMUNICADO DE ACADE ANTE LAS ELECCIONES GENERALES:
UN DECÁLOGO PARA AVANZAR EN LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE


La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado 25 de Septiembre de 2015, constituye una oportunidad única para sentar las bases de una transformación global que conduzca hacia modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles, a nivel nacional e internacional. En su resolución los países firmantes reconocieron estar “resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e incluyente, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”. La Agenda, compuesta por 17 objetivos y 169 metas, es comprehensiva y ambiciosa, y se ha definido desde su origen como universal, emplazando a todos y cada uno de los países, a sus gobiernos y a sus sociedades, a una acción transformadora de gran calado.

España ha participado activamente en la definición de esa Agenda y ha suscrito el acuerdo internacional que la respalda. Pese a ello, a lo largo de los últimos años se ha producido un agudo debilitamiento de su sistema de cooperación para el desarrollo, con una caída de la ayuda internacional superior a la de países (como Portugal o Irlanda) que han atravesado situaciones de crisis más agudas que la padecida por nuestro país. Al tiempo, se han registrado retrocesos significativos en una amplia relación de parámetros sociales (pobreza, desigualdad o protección social) a los que remite aquella Agenda. Todo ello sugiere que es necesario un compromiso firme para cambiar esas tendencias y situar a España en una senda acorde con lo que ella mismo ha suscrito a nivel internacional, de modo que pueda transitar hacia una sociedad más incluyente y sostenible. Las elecciones generales, convocadas para el 20 de diciembre, constituyen una oportunidad única para que las diversas fuerzas políticas que demandan el apoyo ciudadano adelanten sus compromisos en esta materia.

ACADE, como asociación independiente que agrupa a profesionales de la cooperación para el desarrollo, se encuentra comprometida con la mejora de la calidad y eficacia de nuestra cooperación y con el más sólido compromiso de España con los objetivos de la agenda de desarrollo. Por ese motivo quiere trasladar a todas las fuerzas políticas y al futuro gobierno que resulte de las elecciones aquellas medidas básicas que serían requeridas para alinear a España con lo comprometido en la Agenda.

En concreto, ACADE hace un llamamiento al Gobierno que surja de las elecciones de diciembre de 2015 para que:

1)  Asuma la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como agenda de gobierno y la aplique a la realidad española, comprometiéndose a presentar al Parlamento, antes de Junio de 2016, un plan para la implementación de lo acordado, tanto a nivel nacional como internacional

2) Establezca una nueva arquitectura gubernamental, bajo la forma de una Vicepresidencia o Ministerio de Desarrollo Sostenible, que garantice el compromiso político al más alto nivel con lo acordado en la Agenda 2030. Dicha estructura de gobierno debe contar con competencia ejecutiva sobre las políticas de desarrollo y cooperación internacional y de medioambiente y un claro mandato para el impulso de la coherencia de políticas para el desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Como parte de ese proceso, deberá revisarse el mandato y el estatuto jurídico de los actuales organismos de gestión de la cooperación al desarrollo (muy particularmente, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID), avanzando hacia una más clara coordinación de todos ellos, para que puedan responder a los objetivos de la Agenda 2030.

3) Se comprometa a poner en marcha un proceso sostenido y programado de crecimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que se inicie con un incremento significativo de los recursos a partir de 2016 y permita alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 10 años.

4) Garantice la asignación de, al menos, el 40% de la AOD bilateral a los Países Menos Adelantados (PMA), como vía para alcanzar el objetivo de dedicar a estos países el 0,15-0,20% de la RNB, tal como se recoge en la Agenda 2030.

5) Reserve entre el 7% y el 10% de la AOD a Ayuda Humanitaria, de modo que España pueda responder con responsabilidad y eficacia a las crisis humanitarias.

6) Establezca los mecanismos de estímulo requeridos para favorecer las alianzas entre agentes públicos y privados españoles, de modo que puedan sumar sus respectivas capacidades, experiencia y recursos, al servicio de una más activa y responsable implicación en la política de desarrollo y cooperación internacional.

7) Refuerce la presencia de España en los diversos foros y espacios internacionales y promueva su contribución a la construcción de mecanismos de gobernanza globales transparentes, democráticos y representativos.

8) Establezca mecanismos eficaces, en el Parlamento y en los órganos de participación de la sociedad civil, que velen por la transparencia de la acción pública y por la rendición de cuentas del gobierno y del resto de los actores sobre los avances en el cumplimiento de las metas internacionales y nacionales de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Este esfuerzo debe acompañarse de una continuada política de evaluación, que permita mejorar la calidad de las intervenciones y políticas aplicadas.

9) Fomente una ciudadanía informada, crítica y comprometida con la eliminación de la pobreza, la justicia social y el desarrollo sostenible promoviendo un nuevo discurso público que ponga de relieve las interdependencias globales y la necesidad de promover respuestas compartidas a los desafíos colectivos a los que la humanidad se enfrenta.

10) Incentive la mejora de las capacidades del personal de las Administraciones Públicas y del conjunto de los actores implicados en la política de cooperación, para que puedan incorporar nuevas prácticas, gestionar el conocimiento y crear valor añadido para responder mejor a los cambios que la Agenda 2030 demanda.